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• Eliminación de la opción de baja total y definitiva (F04) por parte de la DNRPA, para que
todos los vehículos al final de su vida útil se destinen a un desarmadero oficial.
• Inclusión en las condiciones generales de póliza, por parte de la Superintendencia de Seguros
de la Nación (SSN), de que cada unidad que configure destrucción total debe tener como
destino un desarmadero habilitado.
Impacto Económico y Ambiental
Según CARVA, estas modificaciones podrían generar 4.000 nuevos empleos directos y 12.000
indirectos, sustituir importaciones, desarrollar exportaciones y evitar la destrucción de
piezas valoradas en $587.200.000.000 por año.
Además, estima que el sector podría generar una facturación aproximada de $1 billón/año.
La introducción de repuestos recuperados a bajo costo también podría reducir el robo de
automotores al permitir la compra en desarmaderos habilitados.
Finalmente, se lograría una reducción de impactos y emisiones industriales, promoviendo la
reabsorción de materiales reutilizables.
La Historia de la Ley de Desarmaderos
La “Ley de Desarmaderos” nació con el objetivo de combatir el robo de autos para la venta de
sus partes.
Al implementarse en 2005, todos los desarmaderos debieron registrarse en el Registro Único
de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC).
Sin embargo, la limitación de recuperación a sólo 30 autopartes por vehículo no ha sido efectiva
en reducir los robos de autos.
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