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• Control y sanción del consumo de alcohol y/o drogas al volante.
• Uso obligatorio de casco entre los motociclistas, uno de los grupos más vulnerables.
• Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil en los vehículos.
• Evitar el uso del celular al volante y otras distracciones.
• Otorgamiento de prioridad a los peatones.
• Legislación, control y sanción para reducir la velocidad a 30 km/h en calles urbanas y 50 km/h
en avenidas, así como la reducción de las máximas en rutas.
La ONG subraya que “sin controles y sanciones efectivas a los infractores de tránsito, no hay ley
vigente”.
La organización también destaca la importancia de mejorar la seguridad de la infraestructura
vial y su entorno, especialmente para los más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas),
con el objetivo de calmar el tránsito y hacer las ciudades más seguras, saludables, verdes y
habitables.
Otra recomendación es legislar para que los vehículos sean más seguros, equipándolos con los
avances técnicos en seguridad pasiva y activa.
En este contexto alarmante de alta siniestralidad, la ANSV se encuentra, insólitamente, acéfala.
El Gobierno le solicitó la renuncia de Daniela Ortiz, quien asumió como directora de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en febrero, tras la salida de Pablo Martínez Carignano,
destacado funcionario durante la gestión anterior.
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