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No sólo no hemos recibido convocatoria alguna a este respecto, sino que tampoco se ha dado
respuesta a la situación económica de las oficinas registrales.

Por otro lado, no se han visto medidas que impliquen soluciones estructurales y contundentes para
el público usuario, particularmente debido a la falta de conducción del órgano de aplicación, la
DNRPA, que continúa desde hace más de medio año sin un funcionario designado en su máxima

jerarquía.

En cuanto a lo económico, en diciembre nos dijeron que en tres meses habría novedades; en marzo

que estaba al salir; en abril efectivamente salió la resolución reconociendo la necesidad existente
y se retrotrajo en menos de 48 horas. Retomamos la cuestión, acercamos un proyecto para aplicar

sobre los aranceles percibidos en el mes de junio y llegamos al final de este mes sin respuesta.

Si a esto se le suma la falta de provisión de documentación imprescindible – como placas patentes y

las cédulas de identificación de los automotores -, la ausencia de la DNRPA aportando herramientas
para lograr enderezar el rumbo, la inacción y el silencio frente a las renuncias de los colegas que ya
no pueden hacer frente a sus obligaciones, y que son reemplazados por personas ajenas al sistema

– a quienes no se les pide formación profesional, solvencia económica ni capacitación o experiencia
específica en la administración de una unidad compleja como es un registro automotor -, sólo

podemos concluir que por acción u omisión se ha resuelto hacer implosionar el sistema registral.

Decimos sistema registral cuando en realidad quienes se encuentran comprometidos son los

registros seccionales. Como lo dice expresamente en Expediente EX – 2024 – 26639871 – APN –
DNRNPACP#MJ, ese Ministerio ya ha recibido la recaudación prevista para todo este año 2024,
mientras que los registros seccionales no podemos afrontar siquiera los sueldos de nuestros

empleados, mucho menos una retribución justa por nuestros servicios. Este desfinanciamiento varias
veces advertido, es un claro incumplimiento a la obligación que impone el art. 3 del Decreto 644/89

a ese Ministerio, al cercenar virtualmente el derecho a la retribución del servicio prestado (inciso b) y
a la estabilidad del cargo, al dejar al Encargado entre la falsa alternativa de afrontar un quebranto o
renunciar (inciso a).

En definitiva, los usuarios pagan aranceles por un servicio que se deteriora irremediablemente,
mientras que la recaudación se desvía ilegítimamente a otros destinos.

Pero cuando hablamos de la afectación del sistema registral, es porque parece que no se percibe

que la desaparición de los registros seccionales impacta directamente sobre la totalidad del sistema.
Si hoy el Estado sigue nutriendo sus arcas gracias a nuestro trabajo, cuando el sistema registral
deje de ser confiable, cuando aun manteniéndose formalmente vigente no brinde ni seguridad

jurídica porque se omite la calificación registral, ni asesoramiento porque no haya un profesional
atendiendo el mostrados, ni cuente con información fidedigna y suficiente para evitar la inscripción

de automotores robados, o el blanqueo de dinero proveniente de la corrupción, el narcotráfico o el
terrorismo, entonces perderá su enraizamiento en la cultura jurídica nacional y quedará como tantas
normas que poco a poco van cayendo en desuetudo y de esta forma el Estado no sólo habrá perdido

una herramienta importantísima para el desarrollo económico y la protección de los derechos de los
ciudadanos, sino también una fuente central para el financiamiento de ese Ministerio.

Lo más frustrante de la situación descripta es que puede revertirse con tan sólo dos medidas: Ceder
una parte mínima de la recaudación que generan los registros para permitir que funcionen con

normalidad y convocar a AAERPA a trabajar en la tan mentada modernización. Esperamos que el Sr.
Ministro tome las medidas necesarias para evitar mayores daños, algunos de ellos irreparables”.

La respuesta oficial

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