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para abordar el tema en el contexto
        del reciente Decreto de Necesidad

        y Urgencia (DNU) impulsado por el
        gobierno.


        El presidente de la CCA afirmó que
        “el costo de los aranceles registrales no
        supera en ningún caso el 2% del valor

        del auto en todo el país”.


        Además, señaló un incremento
        del 96.38% en estos aranceles
        entre 2022 y 2023, superando

        significativamente la tasa de inflación
        del mismo período.


        El mandatario subrayó la importancia
        de los registros de propiedad en

        el proceso de transferencia de
        vehículos, insistiendo en que la

        eliminación de estos controles
        podría conducir a la pérdida de
        seguridad jurídica.


        Argumentó que, aunque están a favor de la digitalización del sistema, la eliminación total de
        los registros de propiedad sería perjudicial.


        Uno de los puntos críticos planteados por Príncipe fue la eliminación del control prendario a
        nivel nacional, esencial para garantizar el cumplimiento de las leyes en la compraventa de

        automóviles.

        Advierte que este control es indispensable para evitar que el mercado se convierta en un

        terreno sin regulación.

        A pesar de su apoyo a la modernización del sistema a través de la digitalización, los

                                                                                                          concesionarios sostienen
                                                                                                          firmemente que la

                                                                                                          eliminación de los registros
                                                                                                          de propiedad vehicular
                                                                                                          tendría consecuencias

                                                                                                          negativas tanto para la
                                                                                                          seguridad jurídica como

                                                                                                          para la regulación efectiva
                                                                                                          del mercado automotor en
                                                                                                          Argentina.




















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