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c. El derecho del niño a ser oído y a que su
opinión sea tenida en cuenta según su edad
y grado de madurez.
Para los que transitamos el Código de Vélez
Sarsfield, era impensado hacer firmar a un
menor de edad y en caso de hacerlo, el acto se
consideraba nulo.
Estos principios, derivan de la ley 26.061,
que fuera aprobada en el año 2.005, sobre
la protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, que se encuentren
en el territorio de la República Argentina, para
garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo
y permanente de aquellos reconocidos en el
ordenamiento jurídico nacional y en los tratados profesional”.
internacionales en los que la nación sea parte.
Se ve en toda la redacción, el principio
de autonomía progresiva al imponer
que en cualquiera de estos actos en que
esté relacionado un adolescente, se pida su
consentimiento, resultando insuficiente la
firma de los progenitores.
En cuanto a los actos, debemos distinguir los
que son:
1) Actos conservatorios: son los que
deben realizar los padres sobre los bienes de
los hijos para proteger el valor patrimonial,
puede realizarlos indistintamente cualquiera
de ellos.
2) Actos de administración: su finalidad
es mantener los bienes del menor, producir
ganancias sin comprometer el capital, por
ejemplo produciendo rentas. Los actos de
administración los ejercen ambos padres,
cuando tienen la responsabilidad parental
compartida.
3) Actos de disposición: previstos en el
artículo 692 del Código Civil y Comercial, y se
necesita autorización judicial, sino pueden ser
declarados nulos, si perjudican al menor.
Además se necesita un dictamen previo del
ministerio de menores. Es decir, que el juez
valora la conveniencia de estos actos, que
modifican el patrimonio, por ejemplo en el caso terceros.
de venta de bienes registrables.
También se distingue el origen del bien de
los menores: los bienes que reciben por
herencia, legado o donación, los administran
sus padres, que cumplen la función de cuidado
y protección, a diferencia de los bienes que
adquiere el menor que trabaja y tiene título
habilitante, previsto en el artículo 30 del
código civil y comercial y que constituye una
excepción a la regla, ya que hay que mirarlo
en consonancia con las normas que regulan la
capacidad de trabajar de los menores.
Pensemos en los jugadores de futbol, que
ejercen esa actividad en forma profesional: los
bienes que compren con el producido de ese
trabajo los administra y dispone directamente
el menor, conformando un “patrimonio
Entonces, la pregunta que nos surge es
si ¿corresponde que el menor dé su
consentimiento, al momento de inscribir el
automotor a su nombre?
Se presentó un caso en el registro seccional
a nuestro cargo, de adquisición de bienes, en el
cual venían firmando los padres, en nombre
y representación del menor, en ejercicio de la
responsabilidad parental.
Parte de la doctrina sostiene que se trata de un
recaudo interno, que sólo hace a la relación
entre el menor y sus padres, y que no debe
ser exigible por el registro seccional.
Otros, sostienen que si falta el consentimiento
el acto no sería nulo, sino que daría derecho
al menor a cuestionarlo judicialmente,
por ejemplo, si con ese automotor que se
adquiere a su nombre, se causa un daño a
Los fundamentos para solicitar ese
consentimiento, y por tanto, su firma en esa
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