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enmarcadas en nuevos paradigmas globales, tal como el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) N° 5 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, referente a la
Igualdad de Género.
Para comprender la desigualdad histórica entre los géneros debemos pensar en las
posiciones iniciales de desventaja. Para ilustrar esto, basta con recordar, por ejemplo,
la sanción de la Ley N° 11.357 del año 1926 sobre la “Capacidad Civil de la Mujer”,
a través de la cual se les reconoció a las mujeres “…capacidad para ejercer todos
los derechos y funciones civiles que las leyes reconocen al hombre mayor de edad”
(artículo 1°).
En otras palabras, las mujeres
han tenido -desde el inicio
de la organización social
del mundo- que luchar para
igualar derechos, es decir,
no para lograr mayores
privilegios sino tan sólo para
tener el reconocimiento de
aquellos derechos que a los
hombres les venían dados
por el solo hecho de serlo.
Tal como se pudo observar a
través del recorrido en este
documento, lo mismo sucedió
con la Ley de Voto Femenino.
Aquella posición inicial de
desventaja de la que han
partido las mujeres tiene, hasta
el día de hoy, consecuencias
en sus vidas cotidianas. Aun
cuando no esté en discusión la
igualdad formal de derechos,
resta mucho por transitar para el logro de la igualdad sustantiva y la igualdad real de
oportunidades.
Como vimos, las demandas del movimiento de mujeres iniciado a finales del siglo XIX
se materializaron en 1947 con la conquista del voto femenino en Argentina. Luego,
se hicieron realidad con la participación masiva en las urnas, el 11 de noviembre de
1951. Llegar a ese día implicó un proceso agitado y difícil que continúa en el presente
con nuevas reivindicaciones y reclamos. Aún queda un gran camino por recorrer hacia
la paridad en la representación política. Sin embargo, Argentina ha avanzado en esa
búsqueda de igualdad, de hecho nuestro país fue el primero del mundo en sancionar
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