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provocó que el Ministerio de Justicia recaudara más dinero sin una causa legítima (por ser el costo

del arancel una tasa de servicio) y que los Encargados tengamos que afrontar con nuestro patrimonio
personal, sin causa justificante, los gastos de un servicio público hasta el extremo de que ese
desfinanciamiento provoque la renuncia o la quiebra del Encargado.

En definitiva, la tasa que paga retributiva del servicio que paga un usuario, no se destina al servicio
que se le brinda, sino que es absorbida por el Estado Nacional y destinada a otros fines ajenos a la

tarea registral.

La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor, se ha puesto

desde la primera hora a disposición de las nuevas autoridades, para avanzar hacia un servicio
moderno, híbrido (que combine lo digital y lo presencial a elección del ciudadano) y más económico.

Sin embargo, lo cierto es que hasta el momento no se ha visto un avance sustancial; los aranceles
han subido producto de las revaluaciones, y el desfinanciamiento ya provocó renuncias y despidos
masivos de trabajadores privados, al mismo tiempo que se puso a cargo de las oficinas a personas

que no tienen la capacitación requerida para un Encargado, ni son responsables económicamente, ni
elegidos por concurso. Al día de hoy, esto significa una notable pérdida de calidad del servicio.

Ante este desolador panorama, que no presenta ninguna vía de diálogo fructífero, los
Encargados hemos reclamado primero en privado, luego formalmente por documentos, y ahora

lamentablemente nos vemos la obligación de proteger el sistema, al usuario, a los 12.000 empleos
en juego y a nuestro propio patrimonio y derechos personales, ante la evidencia del quebranto
inminente, haciendo valer los principios legales que rigen la relación Gobierno-Encargado, por la vía

judicial.

El sistema registral automotor más allá
de sus falencias es, repetimos, de gestión
privada y por tanto debería haber sido un

modelo para el resto de la administración,
sobre todo en un gobierno liberal como

el presente: sin embargo, desconociendo
las consecuencias negativas en la
seguridad jurídica de los usuarios, en

el encarecimiento de las transacciones
comerciales, y en asumir el Estado (todos

los ciudadanos) un costo que ahora solo
afrontan los usuarios, nos encontramos al borde de su colapso, sin que siquiera se haya previsto una
alternativa integral.

Los Encargados reunidos en Asamblea, a través de AAERPA instamos a los funcionarios a cargo
del Ministerio de Justicia y la DNRPA, a que eviten el quiebre inminente del sistema registral del

automotor, el que se producirá indefectiblemente por su acción u omisión, y que restituyan en forma
urgente la ecuación económica a su nivel promedio histórico.

Asimismo, a fin de dar realidad seria, inmediata y verdadera a la digitalización, simplificación de
trámites y abaratamiento de costos -objetivos en los que todos coincidimos- requerimos como se

ha hecho en otros ámbitos de esta cartera, la conformación de una Comisión de Reforma Integral
del Registro Nacional del Automotor, en la que necesariamente debemos estar presentes a través

de la AAERPA los Seccionales, quienes en primera y última instancia somos los que interpretamos y
proponemos las normas, conocemos y damos soluciones diarias a la problemática de los usuarios y
en definitiva sostuvimos y sostenemos el servicio en cualquier tiempo, sea de bonanza o de profunda

crisis, como la que hoy nos toca atravesar”.

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